Servicio de asesoramiento e intermediación en materia de arrendamiento de negocio en situación de COVID-19

El Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar a la economía y el empleo, establece entre otras, una serie de medidas para mitigar las dificultades de pequeñas y medianas empresas y autónomos para dar cumplimiento al pago de la renta de alquiler de los locales comerciales cuyas actividades económicas se han visto afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19.

La inseguridad jurídica, derivada de la ausencia de una regulación concreta y específica sobre la exclusión o modulación de las obligaciones de pago, en casos de fuerza mayor, estado de alarma o situaciones análogas a la vivida en estos momentos, genera incertidumbre y un elevado riesgo de conflictividad, sino se articulan mecanismos tendentes a fomentar los pactos que eviten la judicialización de los asuntos.

De esta manera, y con carácter general, salvo la existencia de pactos al respecto, no será habitual encornarnos contratos que regulen consecuencias sobre las obligaciones del contrato en estado de alarma, hallándonos ante una situación, en la que multitud de obligaciones de pago que no podrán ser satisfechas, con lo que ello supone. A pesar de la ausencia expresa de una regulación en nuestro Código Civil, la cláusula “rebus sic stantibus”, recogida y desarrollada por nuestra jurisprudencia, a su vez que existente en buena parte del ordenamiento privado de los estados miembros de la UE, se encarga precisamente de la modulación y adaptación de las obligaciones contractuales cuando nos encontramos ante hechos imprevisibles, inevitables y de riesgo elevado, que dibujan un escenario, donde el cumplimiento de la prestación prevista inicialmente en el contrato, deviene excesivamente onerosa para una de las partes. Con amplio consenso por parte de los operadores jurídicos, la mencionada cláusula resulta el mecanismo jurídico idóneo, para resolver los conflictos en materia contractual de arrendamientos que afrontamos en estos momentos. No obstante, lo complicado de la cuestión recae en la necesidad de acudir a los tribunales para la aplicación de dicha cláusula, lo que nos coloca en la necesidad de interponer una demanda judicial, asumiendo sus costes y lo que dure el procedimiento.

En cualquier caso, es destacable que todos los mecanismos previstos en la moratoria, se establecen de forma supletoria y subsidiaria al posible pacto entre las partes, resultando este último, la solución más eficaz y solvente, si se lleva a cabo bajo las garantías de un asesoramiento experto realizado por profesionales

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Preguntas frecuentes locales comerciales - Crisis COVID-19